Es el mediodía del miércoles 15 de abril y en una intersección compuesta por varias peatonales de la manzana B, a pocos metros de la Escuela Fiscal Mixta Presidente Velasco Ibarra, se da una fuga de agua de grandes proporciones.
El líquido fluye de manera abundante hacia las calles en distintas direcciones, ante la atónita mirada de los vecinos de ese sector y de los transeúntes. Es incontrolable y con una fuerte presión.
Llega la noche y el agua sigue brotando con la misma intensidad.
Hacia las 20:00, las llaves, los grifos y las duchas de los domicilios, negocios y demás locales del barrio se secan.
Quienes planeaban asearse, limpiar sus cocinas o lavar ropa ya no pudieron hacerlo desde esa hora.
Personal de Interagua llega a la zona para tratar de controlar el derrame, pero su trabajo se extiende hasta la madrugada.
Esto que parece algo anormal, de a poco, empieza a dejar de ser una novedad en la Atarazana.
Las restricciones ocurren en cualquier día y a cualquier hora sin previo aviso. Son tantos los cortes que los propios moradores han perdido ya la cuenta de cuántas veces han sucedido.
Y en medio de ese desconcierto, hasta hoy nadie responde por los perjuicios a las familias y a los establecimientos comerciales.
La comunidad se pregunta en cada esquina: ¿Hasta cuándo seguirán los cortes de agua?
Lo único más o menos parecido a una respuesta está en un chat de la empresa Interagua en el cual se informa acerca del corte, se menciona el tiempo que tardará en repararse, pero también se indica que obedece a un daño causado por un contratista municipal. Es decir, deslinda su responsabilidad.
Cuando empresas públicas como el Municipio de Guayaquil o el de cualquier otro cantón, la Prefectura del Guayas o las de otras provincias, los ministerios y demás entidades del Estado contratan obras con empresas del sector privado existen varias cláusulas y procedimientos que se deben cumplir. También hay sanciones y multas cuando el contratista cae en incumplimientos.
Entre esas cláusulas suele estar la socialización con la comunidad sobre los beneficios que traerán esas obras, pero también de algunas consecuencias en ese camino al progreso o a concretar la transformación de un lugar.
Socializar significa hablar frente a frente con los beneficiarios de esa intervención. Informarles de todo lo que va a pasar y designar a una persona a quien se deben dirigir en caso de que suceda algo fuera de lo normal.
Asimismo, en los contratos se establece a un ente fiscalizador de los trabajos. El nombre del mismo, incluso, suele aparecer en los carteles donde se describe y se ejecuta la obra.
Si nada de esto se dio y los problemas recrudecen, el primer camino es dirigirse a las autoridades del Cabildo como organismo contratante. Ellas son las primeras que deben responder al clamor de los ciudadanos.
Los Consejos Barriales, legalmente reconocidos por el Municipio, juegan un rol fundamental como observadores de estas obras y por ser la voz de un barrio ante esas autoridades.
Otra ruta es acudir a la Defensoría del Pueblo que es el ente encargado de proteger y velar por los derechos de las personas.
La suspensión intempestiva y continua en el servicio de agua potable es una vulneración al derecho que tienen los ecuatorianos de acceder al líquido vital. Este derecho es reconocido incluso por los organismos internacionales.
Quienes se sientan perjudicados económicamente pueden acudir a las otras instancias legales previstas en los distintos códigos, para pedir indemnizaciones, en caso que así lo consideren.
La comunidad esperó por muchos años para que se adecenten sus peatonales, sus veredas y sus calles. Lo que no está bien es que ese anhelo se transforme en un perjuicio permanente que afecte su vida cotidiana y la de sus familias. Así no. (O)
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